Quién se queda con qué en la cadena

Cuando una explotación cierra, con ella se van familias, servicios y vida en los pueblos.

Ignacio Quintanilla, CEO de Moralejo Selección, empresa referente en la producción de ovino, fue el encargado de iniciar el debate con una de las preguntas clave para el sector: qué se quedan quienes producen del precio que el consumidor final paga en el supermercado.

Existe consenso en que hoy el reparto de costes no está equilibrado pero, mientras voces de corte empresarial sitúan el margen de mejora en la eficiencia y en la capacidad de aportar valor, apoyándose en marcas de garantía de calidad, los productores recuerdan que el sector primario tiene particularidades que lo distinguen de otros sectores a la hora de hablar de productividad. Dicho de otra forma, aquí las matemáticas no funcionan igual: una granja que cierra no vuelve a abrir, y quien vende leche, uva o lechazo no puede esperar a que mejore el precio. Porque, además, cuando una granja cierra, también suele llevarse consigo a familias que habitan los pueblos, les dan vida y mantienen la actividad económica y los servicios públicos.
Por eso, una de las reclamaciones más repetidas por los productores fue que se cumpla la normativa que ya prohíbe vender por debajo de coste. «Un litro de leche no puede costar menos que un litro de agua», se escuchó en la sala.
El cómo conseguir reequilibrar ese reparto genera debate –por ejemplo, sobre si homogeneizar costes en un territorio de microparcelas o estratificar por zonas– pero también consensos. Los dos mayores: que, más que competir, la salida está en colaborar y quizá cooperativizarse para llevar el producto al lineal, y que se debe proteger la labor de los productores como garantes de la producción y la vida en el territorio.

La PAC, vista desde la parcela

El sector pide una PAC que llegue a quien produce, adaptada a la realidad local y con menos burocracia.

Si una palabra se repitió en el segundo bloque fue «burocracia». La futura PAC, que abrirá una nueva etapa a partir de 2028, se describió como un laberinto difícil de descifrar incluso para quien vive de ella. Así inició el debate Nuria Álvarez, emprendedora y CEO de Agroberry, que cultiva moras en la localidad zamorana de Almendra.

Su visión fue compartida de forma unánime por la sala con ejemplos concretos: un cultivo alternativo rechazado porque no figuraba en el desplegable de la aplicación, hectáreas de cereal que no se pueden cosechar hasta septiembre por un ecorrégimen, cubiertas vegetales impuestas que no funcionan en todos los suelos o ayudas a la producción ecológica que menguan con cada contrato. «Un Excel no sabe lo que es sembrar», resumió uno de los participantes.

La sala reclamó una PAC que llegue a quien produce y vive en el pueblo –se recordó que en Zamora hay más del doble de perceptores de ayudas que de cotizantes a la Seguridad Social Agraria, como dato visible de ese problema–, con topes que favorezcan a la pequeña y mediana explotación y con técnicos que pisen el campo, con medidas que se adapten a la realidad mediterránea en lugar de uniformar a todos los países de Europa.

Las peticiones extendieron los límites de la PAC, con reclamaciones sobre la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero o la falta de una gestión eficaz en materia de incendios, que han arrasado más de 100.000 hectáreas de la provincia en los últimos cinco años. En este punto, hubo unanimidad en pedir más prevención que extinción y más confianza en quienes conocen el monte. «Nadie tiene más interés en que el pueblo no arda que quien vive en él», se repitió durante la sesión.

Que quedarse sea un deseo, no una obligación

El relevo generacional del campo también depende de la vivienda, el acceso a la tierra y los servicios públicos de los pueblos.

La sala coincidió en que hoy empezar de cero en una explotación ganadera es casi imposible: la inversión mínima supera los 100.000 euros, encontrar tierra a un precio asumible es «ciencia ficción» y las ayudas a la incorporación se calculan con costes de referencia desfasados desde los años noventa y se cobran a lo largo de varios años. Ángeles Santos, ganadera de la zona de Fariza y miembro de la ejecutiva nacional de COAG, que abrió este bloque, conoce muy bien este problema. Por ello, reclama que existan medidas que impulsen el relevo generacional de las explotaciones para evitar que cierren y que, con ello, se vaya mermando la vida de los pequeños pueblos.
En ese punto, la sala tocó temas que exceden de las competencias del sector primario, pero que lo atraviesan: la falta de vivienda, con pueblos donde las pocas casas de alquiler están siempre ocupadas, la falta de transporte y de mano de obra, y una carga de cuidados que sigue recayendo sobre las mujeres y las aleja de los espacios de decisión.

Si el objetivo es devolver al oficio agroganadero la dignidad que le restaron décadas de «vete del pueblo», se pusieron sobre la mesa algunas propuestas que ya están en marcha como el apadrinamiento de jóvenes por profesionales veteranas, el programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, los espacios cooperativizados donde probar antes de incorporarse o los comedores escolares con producto local para enseñar a querer el territorio y a saber de dónde viene lo que se come.

El primer paso de una escucha territorial más amplia

La conversación, que se desarrolló a puerta cerrada para garantizar la pluralidad y facilitar que los presentes pudieran expresarse con total confianza y libertad, concluyó con la intervención de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, que puso el cierre institucional de la jornada.

Ya terminada la conversación, ante los medios de comunicación, Faúndez agradeció que La Senda arrancara en Zamora, «una provincia con un potencial muy importante en el sector agrícola y ganadero». El presidente, también alcalde del municipio de Trabazos, subrayó que «en el medio rural se puede realizar un proyecto de vida y sacar adelante una familia con la misma dignidad que en una ciudad». «Igual que se dignifica a un abogado, a un ejecutivo o a un informático, hay que dignificar a quienes viven en el campo, porque gracias a ellos los lineales de los supermercados están llenos», subrayó Faúndez.

Javier Dorado, director general de Legados, agradeció a todos los presentes su participación en esta primera estación del recorrido, que seguirá en próximas semanas por Cartagena y Ferrol y desembocará en el segundo Foro Reconcilia España, en Madrid, el 19 de noviembre. Dorado defendió que vertebrar un territorio pasa por prestar los mejores servicios para que la población «no se quede como una obligación o una necesidad, sino como un deseo». Haciéndose eco de lo escuchado en la sala, reclamó políticas construidas «de abajo arriba» y advirtió de que las normas diseñadas en Bruselas, lejos de la realidad, «en muchas ocasiones, en vez de ayudar, dificultan». «Lo primero son las personas. Si no hay custodios que se encarguen de dotar de relevo al territorio, no hay futuro», concluyó.